La discrepancia de criterios sobre el término fue resuelta en 2006 por el Consell, que elevó a definitiva la línea límite jurisdiccional entre ambas poblaciones que, pese a no ser la reivindicada por ninguno de los dos municipios, sólo fue acatada y dada por buena por el Ayuntamiento de Segorbe.
Por su parte, el equipo de gobierno alturano recurrió la decisión del la Generalitat ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, reclamando la zona ubicada junto al cementerio municipal de Segorbe y el puesto de la Cruz Roja, colindante con la nave industrial que desató la polémica en 1993.
No obstante, el pasado 14 de octubre el TSJCV desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Altura contra el acuerdo de la Generalitat.
